Aquiles Alejandro Christofer Sanchez, ex fiscalizador de obras de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado (OISOE), imputado en el caso «Anti-Pulpo», dijo que tras evaluar las deudas autorizadas, se encontraron con contratos de hasta RD$21,000 millones de pesos en favor de las empresas de Andres y Camilan, propiedad del empresario de las telecomunicaciones Juan Ramón Gomez Díaz.
En el juicio que aun se encuentra en curso, Aquiles Alejandro afirmó que en su gestión evaluaron otras empresas que terminaron en el sometimiento en la Cámara de Diputados, economizándole al Gobierno Dominicano 1,500 millones de pesos.